La reciente publicación del informe ‘Evaluación del desempeño del SNS español frente a la pandemia de la Covid-19. Lecciones de y para una pandemia» merece, en primer lugar, un oportuno reconocimiento. No estamos acostumbrados a que desde las administraciones públicas responsables se promuevan y se asuman iniciativas de esta naturaleza.
Aunque tímidamente todavía, las evaluaciones de planes, programas e intervenciones ya no suenan a algo raro, pero rendir cuentas sigue siendo una práctica insólita. Y la cuestión es que se trata de una iniciativa esencial si lo que se pretende es implica activamente a la ciudadanía en las políticas públicas.
Sin embargo, la iniciativa que comentamos no es estrictamente una rendición de cuentas sobre las actividades y las consecuencias de las decisiones de las autoridades políticas acerca del problema sanitario que ha merecido más atención en los últimos años, porque se ha encargado tal informe a unos profesionales de reconocido prestigio y de contrastada independencia; por lo que incentivar su desarrollo y sobre todo, hacerlo accesible públicamente, es quizás incluso más elogiable.
Como era de esperar del equipo coordinador, el informe es bastante extenso, riguroso y ponderado. Y aunque trata cuestiones y aspectos complejos es, si no ameno, suficientemente claro como para que su lectura resulte fácilmente comprensible. Aunque lleve su tiempo. Desde luego mucho menos de lo que ha costado elaborarlo.
Precisamente por eso conviene leerlo con atención y sosiego para poder valorarlo adecuadamente y, en su caso, compartir aquellas consideraciones que — en la opinión del lector– pudieran ser apropiadas y oportunas, lo que podría ser uno de los frutos del empoderamiento de la población que los autores reivindican.
No obstante, una de las primeras constataciones del informe es que la pandemia nos cogió desprevenidos y en consecuencia entre las recomendaciones y sugerencias destaca la aplicación del principio de precaución y la conveniencia de prepararnos convenientemente ante la eventualidad, no solo posible sino también probable, de la presentación de una nueva pandemia.
Lo que, al menos aparentemente, es de una lógica aplastante. Aunque prepararse es algo muy seductor, un concepto muy potente y atractivo como lo es el de la prevención; tanto que a menudo promueve falsas expectativas y distorsiones. Porque lo uno y la otra son acciones benéficas solo cuando son pertinentes y factibles y, además, se llevan a cabo correctamente. Lo cual acostumbra a ser más difícil de conseguir que lo que parece.
Promover estructuras de salud pública
De ahí que más que una apelación genérica a la preparación, incluso más que la recomendación de disponer de suficientes equipos de protección –lo cual puede que no sea útil según la naturaleza del problema que aparezca y además vulnera la racionalidad del coste/oportunidad— convenga desarrollar, como se propone, promover estructuras resilientes de salud pública que, entre otras, mejoren la integración y la coordinación de las fuentes de información, tanto sanitarias como sociales; sean capaces de diseñar e implementar protocolos normalizados en vigilancia epidemiológica y de establecer metodologias comunes de obtención, validación y gestión de los datos necesarios para la valoración del impacto y para la evaluación de las medidas de prevención y de control adoptadas.
Una evaluación que no solo es imprescindible para justificar y legitimar la gestión de los recursos implicados al afrontar el problema, sino que debe ser además suficientemente ágil y válida como para irlas ajustando según su efectividad y su eficiencia. Sin olvidar las consecuencias sobre la equidad. No en vano, lo que es bueno para unos puede que no lo sea tanto, incluso puede que sea perjudicial para otros. Y ya se sabe quien acostumbra a pagar el pato.
Porque aunque el propósito de las medidas de protección y de control sea, como es natural, reducir al máximo la morbi-mortalidad directamente atribuible a la pandemia, ello no es garantía absoluta de que los potenciales efectos adversos de tales medidas sean menos devastadores que los del problema de salud.
Balance beneficios esperables – potenciales perjuicios
En ocasiones el remedio puede ser peor que la enfermedad que se pretende neutralizar y como el riesgo cero, es decir, la garantía absoluta de que se pueden evitar totalmente los perjuicios, no existe, conviene ser capaces de asumir que, en estas situaciones, siempre habrá víctimas y de lo que se trata es de alcanzar una proporcionalidad aceptable socialmente. O sea que el balance entre beneficios esperables y potenciales perjuicios, incluidos los atribuibles a las medidas de prevención y control, resulte positivo.
El célebre aforismo de Cicerón, salus populi suprema lex est esto no significa que la sanidad sea la ley suprema, si no que la salvación o la prosperidad de la población es la prioridad política, como desarrolló Locke en sus tratados y como figura en el frontispicio del palacio federal sede del Parlamento suizo.
Y es sabido que los determinantes de la salud –en el sentido positivo, que no es solo ausencia de enfermedad– son muchos otros más que los servicios sanitarios, empezando por la educación –que como sugieren los resultados del informe PISA— es muy sensible a determinadas medidas, junto a otros factores sociales de probada influencia, como la vivienda, el urbanismo, el trabajo, la cohesión social, etc.
